OCT. 5, 2026 09:48:20
Berkeley se dispara tras el adelanto electoral: el mercado apuesta por un cambio para Retortillo
La minera es especialmente sensible en bolsa a cualquier acontecimiento que aumente las posibilidades de un cambio de Gobierno en España debido a la situación de su proyecto para construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), bloqueado desde hace años.
De hecho, Berkeley se disparó un 16,03% el pasado viernes, después de que el rechazo en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda incrementara la incertidumbre sobre la continuidad de la legislatura y llevara a Sánchez a abrir un periodo de reflexión durante el fin de semana.
La confirmación este lunes del adelanto electoral vuelve a impulsar con mucha fuerza la cotización. El mercado interpreta que la celebración de elecciones abre la posibilidad de un nuevo escenario político que podría modificar la situación del proyecto de Retortillo, aunque su eventual desbloqueo dependería del resultado de los comicios y de las decisiones que adopte el próximo Ejecutivo.
UN LARGO CONFLICTO CON EL GOBIERNO
Berkeley mantiene con el Gobierno español un largo conflicto por su proyecto de uranio de Retortillo. El Ministerio para la Transición Ecológica denegó en noviembre de 2021 la autorización para construir la planta de concentrado de uranio después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe desfavorable. El dictamen del organismo, vinculante al ser negativo, apuntaba a incertidumbres en los análisis de seguridad, especialmente en aspectos geotécnicos e hidrológicos.
Desde entonces, el proyecto permanece paralizado. Berkeley conserva la concesión minera, otorgada en 2014 y vigente hasta 2044, pero la actividad en Retortillo se encuentra temporalmente suspendida mientras continúa la batalla administrativa y jurídica relacionada con los permisos necesarios para desarrollar el proyecto.
El enfrentamiento ha terminado además en un arbitraje internacional contra España. Berkeley inició en mayo de 2024 un procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y, en febrero de este año, presentó formalmente su reclamación, en la que acusa a España de vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía y reclama una compensación de alrededor de 1.250 millones de dólares. La compañía asegura que previamente intentó abrir negociaciones con el Gobierno, pero que estas no llegaron a producirse.
Pese al arbitraje, Berkeley sostiene que su objetivo prioritario no es cobrar una indemnización, sino sacar adelante la mina. Su presidente ejecutivo, Francisco Bellón, reiteró a finales de septiembre que la compañía continúa abierta al diálogo con las autoridades españolas: "Nuestro objetivo no es ganar un arbitraje, nuestro objetivo es hacer la mina".